Artículo completo en The Conversation el 1 de abril de 2026
Fernando Valladares y Carlos Javier Durá Alemán
La conservación de la naturaleza no solo depende de la biología, la ecología o la legislación ambiental. También depende, en buena medida, de la capacidad de la sociedad civil para vigilar, denunciar y protestar contra las actividades que dañan el medio ambiente.
En España, la entrada en vigor en 2015 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como “ley mordaza”, supuso un cambio de paradigma que ha afectado negativamente al activismo ecológico. Al criminalizar la protesta pacífica y limitar la libertad de expresión, esta norma ha creado un “efecto disuasorio” que debilita la lucha por la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático.
Desafortunadamente, España se ha convertido en un ejemplo que varios países europeos (Reino Unido, Francia, Hungría, Alemania o Dinamarca) están tomando como referencia hacia el endurecimiento de las leyes de seguridad ciudadana y de orden público. Varias organizaciones de derechos humanos como la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa han expresado preocupación por el “potencial represivo” de las leyes de seguridad ciudadana que estos Estados están implantando.
El activismo en el punto de mira
El activismo ambiental es, por definición, una forma de acción política que busca proteger el entorno frente a amenazas, a menudo causadas por grandes intereses económicos o por negligencias administrativas. Históricamente, las protestas y las acciones directas no violentas (como las de ONG como Greenpeace y Ecologistas en Acción o de plataformas locales) han sido clave para visibilizar la destrucción ambiental.
Sin embargo, la ley mordaza ha transformado estas acciones en un riesgo jurídico y económico elevado. Las infracciones graves y muy graves introducidas por la ley permiten imponer multas que oscilan entre los 601 y los 600 000 euros. Para muchas personas e incluso para muchos colectivos ecologistas, estas cifras no son sanciones, sino que en la realidad se convierten en medidas de “represión social y desmovilización ciudadana”.
Impacto en la acción climática
Cuando un colectivo ciudadano intenta bloquear la tala de un bosque, la construcción en una zona protegida o la contaminación de un río, a menudo se enfrenta a una respuesta policial amparada en la nueva seguridad ciudadana. La ley mordaza ha provocado varias cuestiones contrarias a la libertad de expresión y de dudosa constitucionalidad.
