Tribuna científica publicada en Tendencias 21, vertical de ciencia e innovación tecnológica del Grupo Prensa Ibérica en El Periódico de España y otros medios del grupo.
Un análisis sobre por qué la iniciativa del Gobierno llega tarde y fracasará si los partidos, las instituciones y el ecologismo social no ceden el protagonismo a la ciudadanía para afrontar la emergencia climática.
Tribuna conjunta de Fernando Valladares científico del CSIC, de Agnès Delage catedrática de Ciencias Sociales y de Rafael Jiménez Aybar experto en gobernanza climática.
Megaincendio en España 2025. / EFE
En junio de 2023, la sociedad civil y cientos de personas y científicos de renombre presentaron una demanda de Pacto de Estado ante la emergencia climática justo antes de las elecciones generales del 23J. Reunidos en el colectivo Democracia por el Clima, reclamamos un acuerdo transpartido basado en la ciencia y apoyado en canales de participación ciudadana efectiva y vinculantes: las Asambleas Ciudadanas por el Clima. Estas deben consolidarse a nivel autonómico y local como órganos permanentes de deliberación y decisión, como ya ocurre con éxito en varios países europeos.
Hoy, dos años después de aquel llamamiento, la coalición de gobierno, que en 2023 no supo recoger aquella demanda ciudadana de Pacto de Estado, lo hace ahora tarde y de forma apresurada, empujada por la magnitud de megaincendios históricos. En este contexto dramático, Pedro Sánchez intenta apagar otro incendio: el de la legítima protesta social y ha anunciado en Ourense un gran Pacto por la emergencia climática mientras desplegaba 500 soldados para combatir los fuegos en Castilla y León, Galicia y Extremadura. La iniciativa llega tarde, pero debe ser apoyada colectivamente, solo si sirve para que todos los partidos y actores sociales trasciendan la política del espectáculo y construyan compromisos democráticos reales con la sociedad entera. Todos deberían entender el interés inmediato de sumarse a un Pacto climático, aunque solo fuera por su propia supervivencia.
Salida de emergencia
El PP, después de rechazar de plano el Pacto de Estado, se ha abierto a entrar en las negociaciones que se lanzarán en Asturias y esto supone una oportunidad de oro para hacer lo que no hizo en Valencia tras la DANA con Mazón: cortar cabezas y salir de su propio infierno político. Sus pactos autonómicos con Vox le han causado una hemorragia de credibilidad, sacrificando su propia política ambiental y a una generación de jóvenes dirigentes que apostaban por la “economía regenerativa” del capitalismo verde. La salida de emergencia para el PP pasa por diferenciarse en lo ecológico, tomando distancia tanto de Vox como de la deriva trumpista de Ayuso. Fue la jugada maestra de Marine Le Pen tras la victoria de Trump: desmarcarse del radicalismo anticientífico del presidente americano, para presentarse como opción “responsable” ante la emergencia climática —y por ello extremadamente peligrosa— en las futuras elecciones galas de 2027.
Para la izquierda española, el Pacto de Estado también puede ser solución de supervivencia a corto plazo, pero solo si se convierte en algo más que un acuerdo transpartido: debe servir para construir un “frente verde” popular y transversal. Desde la declaración estatal de emergencia climática en 2020, ni PSOE, ni Podemos ni Sumar han logrado conectar con una mayoría social convencida de la gravedad de la crisis y dispuesta a transformaciones profundas siempre que sean socialmente justas y no en beneficio sistemático de los grandes actores empresariales y del 1 % más rico.
El fracaso del decreto anti apagón demuestra que, mientras Pedro Sánchez no plantee un modelo alternativo al oligopolio energético, su discurso sobre democratización y ciencia en el centro de las decisiones se queda en retórica y genera división entre miembros de la izquierda y desafección en su propio electorado. Para los partidos progresistas, el reto inmediato es avanzar hacia una auténtica cultura de participación y control ciudadano hacia una transición ecológica justa, aprendiendo de la Asamblea por el Clima de 2022, que en España quedó sin respaldo político, a diferencia de otros países europeos donde los programas sí se hicieron eco del discurso post-crecentista validado por la ciudadanía.
