Artículo completo publicado en EL ASOMBRARIO el día 8 de abril de 2026
POR FERNANDO VALLADARES y CAROLINA BELENGUER
La puesta en pie de centenares de macroplantas de biogás como se plantea ahora (la idea general es pasar de unas 250 existentes hoy a más de 2.000 en menos de una década) ante la ausencia de una planificación integral entre ayuntamientos y comunidades autónomas provoca que las nuevas instalaciones se sumen a las ya existentes sin evaluar adecuadamente la capacidad de los territorios para instalar más plantas. Esta descoordinación supone una sobrecarga de infraestructuras, se abre a nuevos conflictos entre los municipios y maximiza la competencia por los recursos. Además, la ausencia de una gestión racional de los residuos orgánicos, que no priorice el tratamiento local y evite el transporte innecesario, contribuye a aumentar las emisiones contaminantes, a elevar los costes logísticos y a perder oportunidades para cerrar ciclos de economía circular.
Por un lado, las empresas promotoras buscan captar fondos, como los provenientes del programa NextGenerationEU, con el objetivo de asegurar la rentabilidad de sus proyectos. Este enfoque implica externalizar los costes ambientales y sociales, trasladándolos tanto al Estado como a la ciudadanía. Es decir, mientras las empresas obtienen beneficios directos, las consecuencias negativas, como la contaminación o la gestión de residuos nocivos, quedan en los límites de su responsabilidad directa. En los proyectos se incluyen propuestas para atenuar estas consecuencias, pero lo hacen en un limbo imaginativo donde no existen las demás propuestas para un mismo territorio. Además de banalizar los impactos y los riesgos en las plantas de gran tamaño.
En contraposición, las plataformas vecinales se ven obligadas a organizarse para recaudar fondos que les permitan asumir los elevados costes de abogacía y las costas judiciales derivadas de las acciones de protesta. Este esfuerzo colectivo refleja la desigualdad existente entre los recursos de las empresas y los de la sociedad civil, que debe hacer frente a gastos significativos para defender su bienestar y el entorno en el que viven.
Según los cálculos de las empresas, una planta se considera rentabilizada a los diez años, momento en el que los retornos de la inversión han sido completados. Sin embargo, esta perspectiva financiera no contempla con la misma precisión el destino de los residuos generados, la contaminación producida durante ese periodo, ni, por supuesto, los impactos en la salud de las personas, las bajas médicas, las oportunidades de negocios alternativos arruinados por la planta y la degradación irreversible del territorio. Los libros de cuentas contemplan los beneficios, pero persisten las incógnitas sobre el impacto ambiental, sanitario y social durante esa década y después.
Hay mucha inquietud respecto al impacto ambiental del residuo que resulta de la fermentación, el digestato. No solo no desaparece, sino que dista mucho de ser un abono ideal. Su balance carbono nitrógeno no es adecuado para ser usado como enmienda directa del suelo ni como fertilizante. Sumado a todo esto hay que tener en cuenta que el digestato suele estar contaminado con metales pesados, antibióticos y microorganismos nocivos, convirtiéndose en un «polvorín de sustancias tóxicas» difícil de gestionar de forma segura, y menos a gran escala.
Todas estas evidencias científicas han creado un consenso negativo hacia las macroplantas, por parte de amplios sectores de la sociedad y de las ONGs ambientalistas. Las plantas diseñadas a escala industrial, aquellas que procesan más de 100.000 toneladas al año, representan una amenaza grave para el medio ambiente y la salud. Pero para las promotoras, no hay suficiente beneficio económico si no se alcanza o se supera esta cantidad. Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y sanitaria de la instalación, solo se puede asegurar cuando se ronda la gestión de unas 20.000 toneladas de residuos al año, pero los proyectos proponen plantas de diez veces esa cantidad e incluso plantas de más de 350.00 toneladas al año.
La implantación de macroplantas de biogás en zonas rurales convierte a estas comarcas en “zonas de sacrificio”, con olores nauseabundos, riesgos de contaminación de aguas y un tránsito constante de camiones que degradan infraestructuras y salud. Si bien se plantea la creación de nuevos empleos, se ignoran los puestos de trabajo en riesgo. Además, las áreas en las que se ubican suelen caracterizarse por roles de género tradicionales y desiguales, lo que podría amplificar los impactos sociales invisibles, afectando de manera distinta en la carga de cuidados y el ámbito laboral. Al considerar este argumento, se debe indagar en cuántos empleos nuevos se generan de verdad y si esos puestos son accesibles para mujeres, especialmente en el sector técnico y de gestión. Ya que a menudo los trabajos especializados asociados a la industria energética son ocupados por hombres, mientras que las mujeres permanecen en labores no cualificadas o en empleos precarios.
La expansión de estas plantas ha provocado además advertencias sobre una posible burbuja especulativa al igual que ocurrió con la Renovable Eléctrica Industrial (REI). Proyectos que se planifican sin asegurar la existencia suficiente de residuos en el entorno llegando a contabilizar los mismos materiales en distintas propuestas, lo que podría incentivar incluso la generación artificial de residuos orgánicos mediante nuevas macrogranjas, contradiciendo el objetivo de contrarrestar prácticas insostenibles. A esto se suma el debate sobre conflictos de intereses y la transparencia en la gestión. El “código de buenas prácticas” de la patronal del sector (AEBIG), suscrito por algunos sectores ecologistas, no siempre va acompañado de un análisis crítico sobre qué empresas impulsan el crecimiento desordenado o sobre el tipo de relaciones que establecen con el territorio, lo que dificulta avanzar hacia modelos de desarrollo verdaderamente sostenibles.
Frente al modelo industrial e intensivo de las macroplantas, numerosos expertos y colectivos defienden un retorno a la pequeña escala y al autoconsumo local como alternativa viable. El autoconsumo de biogás consiste en instalaciones de dimensiones reducidas, vinculadas directamente a explotaciones ganaderas o agrícolas, cuyo objetivo es cubrir las necesidades energéticas propias y evitar el transporte de residuos a larga distancia. Este modelo, además de reducir las emisiones de gases contaminantes y el tráfico pesado, fomenta la economía circular y la autosuficiencia energética en las zonas rurales.
El beneficio social y ambiental del autoconsumo local radica en su capacidad para reducir las actividades con impacto negativo y priorizar aquellas que generan bienestar. Cuando la economía se orienta hacia un “espacio seguro” –tal como propone la economista Kate Raworth en su teoría del Donut– se protege no solo la salud de la generación actual y las futuras, sino también la integridad de los ecosistemas. Diversos estudios demuestran que la descentralización de la producción energética y la gestión local de residuos pueden disminuir la conflictividad social y las ansiedades asociadas a las grandes infraestructuras, al tiempo que promueven la resiliencia rural y la justicia ambiental.
En definitiva, la solución pasa por asumir el principio del “decrecimiento” tanto en el sistema energético como en el agroalimentario industrial. El decrecimiento, entendido como una reducción planificada y democrática de la producción y el consumo que exceden los límites ecológicos, no implica renunciar al bienestar, sino reorientar la economía hacia la sostenibilidad y la equidad social. Si este proceso no se acomete de forma programada, cada vez más investigadores advierten de que puede producirse un colapso o una recesión de manera abrupta y traumática, con graves consecuencias para la sociedad y el medio rural.
Así pues, no basta con cambiar el menú, sino que es necesario buscar otras cocinas: transformar el modelo productivo hacia sistemas menos intensivos, fomentar la producción local y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Solo así el biogás podrá ser parte de la solución y no una nueva amenaza para los territorios rurales de España.
