En cuestiones ambientales y de salud pública hay numerosos fallos de mercado. Los precios no reflejan ni las preferencias de la gente ni los costes de la producción. En consecuencia, se producen menos bienes o menos servicios necesarios para la gente, como un aire limpio o un clima estable, simplemente porque no tienen precio. Y se generan muchos desperdicios y mucha contaminación porque, en el fondo, contaminar sale gratis o muy barato. Hay consenso entre los economistas en que los fallos de mercado observados se pueden corregir con regulación o mediante intervenciones tales como impuestos o subvenciones. Aunque se trata de un poder limitado hay una justificación económica para tratar los bienes comunes de salud y medio ambiente como prioridades de la intervención pública tal como analizan Gaudín y colaboradores (2019, Health Systems and Reform 5)
